Solicita ya esta ayuda para adoptar medidas preventivas frente a los ataques de lobo

Las subvenciones de la Comunidad de Madrid servirán para la compra de collares con GPS, vallados perimetrales fijos y móviles, o la adquisición y mantenimiento alimenticio de mastines
Los ganaderos de Garagantilla del Lozoya y Pinilla de Buitrago ya pueden acceder a la línea de ayudas que ha convocado la Comunidad de Madrid para la adopción de medidas preventivas frente a los ataques de lobo y perros asilvestrados. Entre otras cosas la compra de collares con GPS, vallados perimetrales fijos y móviles, o la adquisición y mantenimiento alimenticio de mastines, entre otras.
La consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura, Paloma Martín, ha explicado que «estas medidas se consolidarán a largo plazo con el objetivo de apoyar la actividad ganadera en nuestra región». Además, ha recordado que confirma la apuesta del Ejecutivo autonómico por «evitar y prevenir daños a la cabaña extensiva madrileña, poniendo a disposición del sector agropecuario medidas eficaces que ayuden a proteger su ganado».
Cinco manadas
El Gobierno regional ha presupuestado un total de 200.000 euros para esta orden pionera, priorizándose aquellas explotaciones que se encuentran en municipios con numerosos ataques de este animal salvaje, sean de carácter ecológico o dispongan de razas autóctonas catalogadas en peligro de extinción. La cuantía podrá alcanzar el 100% de los costes subvencionables, con un máximo de 10.000 euros por titular y planta.
Actualmente, se conoce la existencia de cinco manadas reproductoras en la Sierra del Rincón, valle del Lozoya y alrededores de Santa María de la Alameda. Además, también se ha registrado presencia estable en varios puntos al suroeste del Guadarrama, donde es posible que puedan llegar a asentarse en el futuro.
Dotación económica
Esta convocatoria es parte de la Estrategia del Lobo y la Ganadería en la Comunidad de Madrid que se gestó durante la celebración de la Mesa del Lobo, en julio de 2022. Contó con la presencia de los principales actores sociales implicados en la gestión de este cánido y su compatibilización con la ganadería extensiva.
Tres meses después, el Consejo de Gobierno aprobó un presupuesto de 150.000 euros para incrementar las indemnizaciones por ataques al ganado, así como las normas reguladoras y la dotación a percibir por tipología y edad del animal afectado.
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