La Federación de Municipios de Madrid exige más efectivos de Policía Nacional y Guardia Civil para la región

La presidenta de la Federación de Municipios de Madrid (FMM), Judith Piquet, ha exigido este lunes al Gobierno de España un más efectivos de Policía Nacional y Guardia Civil, en concreto un refuerzo de al menos 1.500, para la Comunidad de Madrid ante el deterioro de los indicadores de seguridad reflejados en los últimos datos oficiales del Ministerio del Interior.

Piquet ha advertido de que “los ayuntamientos están haciendo su parte, reforzando policías locales, invirtiendo en cámaras, mejorando coordinación y aumentando recursos municipales, pero el Gobierno de España no puede seguir dejando solos a los municipios frente al aumento de la criminalidad”.

La presidenta de la FMM ha señalado que los datos publicados por el Ministerio del Interior correspondientes al primer trimestre de 2026 reflejan “una evolución muy preocupante” en delitos vinculados a violencia, narcotráfico y criminalidad organizada.

Entre los principales indicadores, la federación destaca un aumento del 2,3% de la criminalidad total en la región, una subida del 60% en homicidios consumados, un incremento del 50% en secuestros, una subida del 33,2% en tráfico de drogas, un aumento del 20,6% en riñas tumultuarias y un incremento del 10,2% en sustracción de vehículos.

La representante madrileña ha subrayado además que el deterioro de la seguridad no se concentra únicamente en Madrid capital, sino que afecta especialmente a municipios como Alcorcón, San Fernando de Henares, San Sebastián de los Reyes, Coslada, Collado Villalba y Alcalá de Henares, donde se registran algunos de los mayores incrementos de criminalidad de toda la región. “Los alcaldes estamos dando la cara todos los días en nuestros municipios mientras el Gobierno central sigue sin reforzar suficientemente Policía Nacional y Guardia Civil”, ha denunciado.

Un plan viable financiado con partidas estatales

En este sentido, la FMM reclamará formalmente al Ministerio del Interior los 1.500 nuevos agentes para Madrid, un refuerzo específico contra bandas y narcotráfico, más presencia de Guardia Civil en municipios pequeños y medianos, una mayor coordinación operativa con policías locales y un fondo estatal de apoyo a la seguridad municipal.

La Federación ha defendido que este plan es perfectamente viable desde el punto de vista presupuestario y que debe financiarse íntegramente con partidas estatales, sin cargar nuevos costes a la Comunidad de Madrid ni a los ayuntamientos.

Según los cálculos de la organización, incorporar estos más efectivos de Policía Nacional y Guardia Civil tendría un coste aproximado de 60 millones de euros anuales, una cantidad que representa menos del 1% del programa estatal de Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior.

Para ello, se propone una reordenación parcial del programa 132A de Seguridad Ciudadana, la reducción de gasto político accesorio del Estado, el recorte de campañas de publicidad institucional, la racionalización de estructuras administrativas y la optimización de contratos corrientes de la Administración General del Estado.

Asimismo, plantean que parte de los fondos recuperados en grandes operaciones contra el fraude fiscal se destinen de manera finalista a seguridad ciudadana.

Por otra parte, Judith Piquet ha reclamado al Ejecutivo central la creación de un fondo extraordinario específico de 15 millones de euros para municipios madrileños afectados por la presión migratoria y los procesos de regularización impulsados por el propio Gobierno de España.

Este fondo se destinaría a ayuntamientos que soporten una mayor presión sobre los servicios sociales, convivencia, seguridad, limpieza, atención administrativa, mediación comunitaria y recursos educativos, distribuyéndose en función de la población atendida, la escolarización y las necesidades de convivencia.

“La inmigración necesita control, planificación, integración y recursos. Lo que no puede hacer el Gobierno de España es tomar decisiones desde un despacho y trasladar después toda la presión económica y social a los ayuntamientos”, ha explicado la presidenta de la FMM. Las vías de financiación propuestas proceden de partidas del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, fondos europeos de integración y la reordenación de subvenciones estatales dispersas.

“Los ayuntamientos no pueden pagar dos veces: primero soportando la presión sobre sus servicios públicos y después financiando con sus presupuestos decisiones que adopta el Gobierno de España. Todo este plan debe salir de partidas estatales porque la competencia, la decisión y la responsabilidad son estatales”, ha afirmado Judith Piquet.