Las inspecciones de la Comunidad de Madrid logran frenar trece construcciones ilegales en un año

El Plan de Inspección y Disciplina Urbanística de la Comunidad de Madrid ha ejecutado 13 derribos de construcciones ilegales en menos de un año.

Tres de estas demoliciones se han realizado mediante ejecución subsidiaria por parte de la Administración regional, mientras que las otras diez se han llevado a cabo de manera voluntaria.

Recientemente, se han demolido dos edificaciones en el municipio de Chinchón tras el incumplimiento reiterado de las resoluciones administrativas por parte de sus responsables.

Este caso es un claro ejemplo de la proliferación de urbanizaciones prohibidas en el suelo protegido de la Vega del Tajuña, una tendencia a la que se está poniendo freno de forma contundente.

Una de las zonas inspeccionadas. / Comunidad de Madrid

Estas demoliciones se han ejecutado en un ámbito de elevado valor agrícola, históricamente destinado a cultivos de regadío. En los últimos años, este espacio de la región viene sufriendo un progresivo deterioro derivado del abandono de la actividad agraria y de la aparición de construcciones residenciales dispersas, las cuales resultan totalmente incompatibles con la normativa vigente.

Los inmuebles afectados se encontraban en una parcela clasificada como suelo no urbanizable protegido que, además, estaba afectada por contaminación procedente de vertidos a cauces públicos, un entorno donde la legislación prohíbe expresamente tanto la edificación como la parcelación urbanística.

Control de parcelas

Paralelamente, la Dirección General de Urbanismo ha detectado en la misma zona una división ilegal del terreno en 25 subparcelas independientes que carecen de cualquier título habilitante.

En este espacio ya se han identificado movimientos de tierra, pozos de agua y anuncios de venta, lo que evidencia un proceso activo de comercialización y transformación de la superficie.

De consolidarse, este proyecto supondría la creación de una urbanización residencial ilegal en suelo no urbanizable, protegido por su alta productividad agrícola, una situación totalmente incompatible con la legislación vigente.

Ante estos hechos, el Gobierno regional ya ha iniciado el expediente de restablecimiento de la legalidad urbanística y el procedimiento sancionador tras haber practicado las primeras notificaciones a los responsables.

Además, en el último año se han realizado en la región 173 inspecciones, incoado 66 expedientes de disciplina urbanística y 65 sancionadores, tramitado 83 requerimientos de información, 308 diligencias previas y 14 expedientes de ejecuciones subsidiarias.

La Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior advierte de que estas construcciones ilegales comprometen gravemente la protección del territorio, favorecen la degradación de espacios de alto valor ambiental y generan situaciones de inseguridad jurídica para los ciudadanos.