Primer paquete de ayudas estatales por los incendios forestales que han afectado a Madrid y otras regiones

El Consejo de Ministros ha declarado zonas afectadas por una emergencia de protección civil los territorios damnificados por un total de 211 episodios catastróficos ocurridos entre el 31 de marzo y el 27 de julio de 2026 en comarcas de 14 comunidades autónomas.

En la mayoría de los casos, las emergencias se han debido a incendios forestales, entre los que figuran los originados en los últimos días en la Comunidad de Madrid, en las provincias de Ávila y Toledo y en el municipio de Vall d’Uixó (Castellón), cuyos trabajos de extinción no han concluido.

La declaración incluye también el incendio de Los Gallardos (Almería), en el que fallecieron 14 personas.

En la comparecencia en la que ha hecho balance del curso político y ha explicado los acuerdos del Consejo, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha recordado que, con esta declaración, «comenzamos a desplegar ayudas estatales por los incendios y otras emergencias destinadas a paliar los daños personales y materiales».

Se trata de medidas en el ámbito agroalimentario y el industrial, de beneficios fiscales, laborales y de Seguridad Social y de apoyos a las corporaciones locales para reparar sus infraestructuras, «entre otras muchas ayudas que iremos poniendo en marcha conforme hacemos una evaluación más certera de la catástrofe», ha añadido.

La declaración comprende, asimismo, emergencias causadas por fenómenos costeros, lluvias y tormentas, incendios en instalaciones industriales y accidentes en el transporte de mercancías peligrosas, entre otros sucesos.

Ttrabajadores afectados por los incendios

También en relación con las ayudas estatales por los incendios forestales, el Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto ley con medidas laborales, extraordinarias y urgentes, para las personas afectadas por los incendios forestales que hayan implicado evacuaciones, limitaciones de acceso, confinamientos u otro tipo de restricciones por parte de las autoridades.

Los trabajadores y las empresas que cumplan los requisitos podrán acogerse a esta protección desde el pasado 23 de julio hasta que concluya la campaña anual de peligro alto de incendios del año 2026.

El decreto ley establece una nueva prestación, limitada a un máximo de cuatro meses, que no requerirá ningún período de cotización mínimo ni consumirá cotizaciones a efectos de futuras prestaciones.

Podrán suspender su contrato de trabajo y disfrutar de esta Prestación Extraordinaria por Emergencia Extrema las personas que no puedan acceder a su domicilio habitual o tengan que acondicionarlo y quienes tengan que afrontar cuidados personales o de sus familiares debido a los incendios.